jueves, 29 de noviembre de 2012

Nuevas medidas para salvar a Portugal del default


La preocupación en la península ibérica, más precisamente en Portugal, se acrecienta a causa de la crisis económica que se está viviendo. El desempleo alcanzó al 16,4% de la población y a raíz de esto el Primer Ministro, Pedro Passos Coelho, afirmó públicamente una importante suba en los impuestos que deberán pagar por los habitantes de su país.

No es la primera vez que el gobierno conservador de Passos hace uso de las instituciones públicas para salvaguardar su economía. Durante el 2012 el área de salud pasó a ser paga; un ciudadano por una consulta médica debe pagar ahora cinco euros, mientras que si es por una urgencia debe abonar unos veinte euros. Según el vocero del gobierno portugués los recortes y por consiguiente la suba en los pagos se verá en las prestaciones sociales, educativas y de sanidad ya que estos tres sectores representan el 70% del gasto público.

Pese a las críticas recibidas por parte de la clase media, que según varias consultoras es las más afectadas, el Primer Ministro afirmó: “La Constitución nos permite tener un sistema de financiamiento más repartido entre lo que pagan los ciudadanos y lo que se paga a través del Estado”, dando a entender al pueblo que no dará, el brazo a torcer. Sin embargo para apaciguar un poco los ánimos afirmó que a medida que el gasto público se vaya reduciendo, la subida de impuestos será retirada paulatinamente hasta que se vuelva al estado previo a la crisis económica que afecta al país y al mundo desde mediados de 2008.

Según cifras oficiales se prevé que los impuestos suban del 9,8% actual al 13,2%, monto  recomendado para superar el déficit financiero.

Por otro lado la oposición de izquierda al gobierno aprovechó la ocasión para criticar duramente esta decisión. Uno de los que salió a dar su opinión sobre la medida fue el secretario general de la Federación Nacional de Educación, João Dias da Silva, quien afirmó que el Estado tiene la obligación de ofrecer una enseñanza obligatoria y gratuita.

Si bien todas estas medidas se hacen para salvaguardar los intereses del país europeo, perjudican notablemente la economía de los millones de portugueses que se ven afectados por esta decisión.

Según fuentes oficiales el plan que ideó el gobierno junto con el Fondo MonetarioInternacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé ahorrarle al gobierno de Passos Coelho unos 4 mil millones de euros.



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